Expertos advierten que redes de distribución son una barrera para la descarbonización

En un reciente estudio realizado por Ronald Fischer y Rodrigo Moreno, de la Universidad de Chile e Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), se analizó uno de los componentes que más llaman la atención del sector distribución: la existencia de la “empresa modelo”, que se usa para remunerar a las empresas del rubro.

Para los autores, es urgente introducir cambios a este sistema, que justamente por estos días está en tela de juicio, ya que es analizado por el Panel de Expertos, ante la última tarifación presentada por la Comisión Nacional de Energía.

Moreno apunta a que es urgente que se inicie con una reforma al sector de distribución, donde uno de los ejes principales tiene que ser un cambio al sistema de pago que obtienen las empresas. “No se puede hacer ninguna de las otras reformas de manera correcta si la remuneración a las empresas no está resuelta”, dice el experto.

En ese sentido, el estudio apunta a que los esquemas de regulación de tarifas modernos intentan establecer parámetros que, por un lado, no le entreguen sobrerrentas a la empresa, y por otro, no le impidan invertir de forma eficiente.

Asimismo, demuestran que desde un punto teórico es imposible que —salvo condiciones extraordinariamente restrictivas— la empresa real pueda alcanzar los costos y por lo tanto las tarifas que resultan del modelo regulatorio, cuando este es aplicado en forma rigurosa.

“El mecanismo actual no permite las obras necesarias que se necesitan en la red, al final lo que necesitamos a futuro. Lamentablemente hoy las redes de distribución son una barrera para la descarbonización y tienen una mala calidad de suministro, esa es la realidad y se demuestra con datos: los generadores distribuidores cada vez que buscan conectarse a la red, el proceso es muy engorroso, hay muchos temas y la razón es muy sencilla, y es que la distribuidora no gana nada haciendo esto”, lamenta Moreno.

Respecto a los ajustes al modelo, en el documento se plantea que tomando en cuenta las mejores prácticas regulatorias para remunerar redes de distribución, se demuestra que una buena regulación contiene una combinación de elementos presentes en esquemas por incentivos y por costos.

“Con la ley corta de 2019 esto empeoró. La empresa modelo es virtual, tiene varios problemas, algunos estructurales, como que se diseña desde cero, lo que se aleja mucho de una empresa real; entonces si se fija una tarifa en función de eso, expones la empresa real a un riesgo significativo. El cambio tarifario es sencillo,
habría que utilizar un benchmark real que reconozca los costos de las empresas en las tarifas; cuando las empresas lo vean, automáticamente las llevará a hacer las inversiones necesarias”, dice Moreno.

En esa línea, y en cuanto a los efectos que estos pueden tener en las tarifas de los clientes, el investigador del ISCI explica que en el largo plazo esto va a significar una baja en las tarifas, pero que se requiere invertir ahora para evitar sobrecostos en el futuro. “Si no hacemos las inversiones que se necesitan en la red, y las adecuaciones al sistema eléctrico, estamos condenados a seguir quemando combustible. Por mucho que esté en el papel la descarbonización, las centrales no se pueden desconectar porque no hemos adaptado el sistema para que se pueda absorber la cantidad de energía renovable que necesitamos para prescindir de estos combustibles”, enfatiza.

El objetivo, añade Moreno, es avanzar en la incorporación de una mayor cantidad de energías renovables, y por otro lado, mejoras de resiliencia y calidad de servicio, pero también hay un tema económico, al dejar de depender de la volatilidad de los mercados internacionales en los que se transan insumos como el carbón, el gas o el petróleo.

Fuente: El Mercurio